La Unión Industrial Paraguaya expresó su preocupación ante la Resolución N° 12.299/2025 de la Corte Suprema de Justicia, que modifica las condiciones de pago en la entrega de motocicletas. El gremio advierte que el aumento de costos afectará a los usuarios, la industria y el empleo.

La Unión Industrial Paraguaya (UIP) manifestó su preocupación por la aplicación de la Resolución N° 12.299/2025 de la Corte Suprema de Justicia, que modifica el esquema de matriculación de motocicletas e introduce nuevas condiciones de pago al momento de la entrega del vehículo.

En un comunicado emitido este jueves, el gremio industrial señaló que los medios de movilidad individual, especialmente las motocicletas, cumplen un rol fundamental en la vida cotidiana de los paraguayos, ya que facilitan el traslado al trabajo y el desarrollo de múltiples actividades económicas.

“El incremento en los costos de acceso impacta directamente en la economía de los hogares y en su capacidad de generar ingresos”, advirtió la UIP.

Según el documento, la normativa no solo afectará a los usuarios finales, sino que también tendrá consecuencias sobre la industria automotriz y el empleo, particularmente en los segmentos vinculados a motocicletas y automotores.

La UIP señaló además que “cambios abruptos en las reglas de juego introducen incertidumbre, afectan la planificación empresarial y debilitan el clima de inversión”, con impacto directo en la actividad económica del país.

El gremio recordó que Paraguay ha construido su competitividad sobre la base de la estabilidad y de condiciones favorables para el desarrollo industrial. Por eso, consideró que las medidas regulatorias deben acompañar la realidad económica y social del país.

“Es fundamental que las decisiones que influyen en la economía sean abordadas en espacios de diálogo amplio, de modo a alinear las medidas regulatorias con los objetivos de desarrollo, inclusión y generación de empleo”, indicó la UIP.

Finalmente, el organismo expresó su disposición a participar en instancias de trabajo conjunto con las autoridades para evaluar alternativas y soluciones “razonables y equilibradas” que mitiguen el impacto de la resolución. UH