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Narcotráfico

¿A dónde van los bienes de la mafia?

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Un Porche deportivo blindado, una costosa moto Harley Davidson, avionetas y joyas son parte de los lujos incautados a presuntos narcos y lavadores de dinero. Algunos están en depósitos del Gobierno; sin embargo, la mayoría está con paradero incierto.

La llegada de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), actualmente encargada de administrar los bienes de personas sospechadas de crímenes como el narcotráfico, lavado de dinero u otros, confronta con una figura que realmente nunca existió en nuestro Código Penal, pero que es hasta hoy “aprovechada” por varios.

“La figura del ‘depositario judicial’ no existe, la figura que se usaba subsidiariamente era la figura del depósito. Pero el depósito es una figura civil que no te da la potestad de usar el bien, sino que está bajo tu custodia nada más”, comenta la ex fiscala antidrogas Karina Gómez, actualmente ministra de la Senabico.

“¿Pero qué pasa? Nuestros investigadores tenían la necesidad de hacer investigaciones en vehículos particulares, porque esa es una necesidad, entonces se usaba la figura del depositario judicial para una persona específica, a veces a la cabeza de la institución, pero con el tiempo la figura se fue deteriorando al punto de que yo he recibido informes de casos en los cuales estamos reclamando bienes que ya habían sido comisados y lo tiene aún el anterior depositario y vos mirás y era el hermano del imputado. Son realidades que suceden en el interior de nuestro país”, indicó Gómez.

Casi más grave que los bienes vayan a parar de vuelta a personas allegadas a la persona a la que se comisó o incautó es que no se sepa a dónde fueron a parar o dónde están actualmente, y esa es la realidad generalizada actual, según revelan datos de la Senabico.


En el caso de los automóviles, no se tiene datos actualmente de 67 de 116 que alguna vez pasaron por el registro de algún procedimiento. Es decir, el 57% los automóviles puede que, en el mejor de los casos, esté juntando polvo en algún depósito o comisaría o, en el peor, que esté en manos de algún “depositario judicial”. En el caso de las camionetas es peor, ya que no se tiene registros precisos del 62%, al igual que un 79% de los camiones, furgones u ómnibus.
Hasta seis tractocamiones figuran sin registro, pero lo que ganan por lejos son las motocicletas, con un 96,3%. Es decir, no hay datos precisos de 1.090 de los 1.116 biciclos comisados e incautados o que alguna vez pasaron por registros de la justicia.

Por lo general, las motocicletas son lo de menor valor entre tantos bienes fastuosos, pero entre esas cifras se encuentra por ejemplo una Harley Davidson, valuada entre US$ 25.000 y US$ 30.000. La misma fue incautada recientemente al libanés Nader Mohamad Farhat, acusado de lavado de dinero y solicitado para extradición por la justicia de los Estados Unidos.

En el caso del dinero en efectivo es un poco “más fácil” el control ya que normalmente se hace un conteo provisorio durante la incautación y los montos son remitidos en sobres lacrados, por ello es donde menos “extravíos” hay, aunque según registros también se pierden varios millones.

“En estos sin datos, no se sabe si está incautado o no, si la causa prosiguió o no. No se sabe qué es, o la Policía de la comisaría no envió y no se sabe con qué figura está, entonces tenemos que recorrer y escarbar”, comentó la ministra. No existe una base de datos informatizada; ahora están haciendo ese proceso.

ES POSIBLE HACER RENTABLES LAS “LAVADORAS”
Uno de los principales desafíos de la Senabico es hacer que esos bienes no se deterioren con el tiempo e incluso, de ser posible, hacerlos rentables para el propio Estado, ya que, por ejemplo, hay ciertos casos de empresas que fuera de la ilegalidad del capital malhabido podrían igualmente generar ganancias por sí mismas.

Uno de los ejemplos, y a su vez la primera prueba de fuego para la Senabico, viene de la mano del “hermano del alma” del presidente Horacio Cartes, Darío Messer, quien posee al menos 7 empresas del rubro agroganadero, que -independientemente de que se sospecha se originaron con dinero lavado- podrían seguir siendo rentables si son administradas correctamente.

“Ya pasó de que había cabezas de ganado, tenían 200 a 300 o más, y al momento de hacer el inventario o el avalúo no encontrabas ni una gallina. Entonces, ahí donde la Senabico toma el protagonismo de hacerse cargo de todo eso, para que el fiscal pueda continuar sosteniendo toda la investigación en esa etapa inicial hasta la imputación, porque es una etapa en la que tenemos seis meses para la investigación y después la posibilidad de pedir seis meses más, hacer la acusación y llevar a juicio”, indica Gómez.

La intención es “ya no guardarlos en los depósitos de la Senad ni de la Fiscalía, ni mucho menos de los depósitos que no nos garanticen las cuestiones de seguridad, por una cuestión de que en dos o tres años la causa va a juicio y el dinero se pierde”, agrega. No solo se refiere al dinero en papel, sino sobre todo a los vehículos, aviones e incluso empresas.

Pero, ¿es rentable una empresa que se sospecha funciona o nació para lavar dinero? “Todo depende de la situación en la que encontremos el bien en sí, de situaciones específicas. Caso Messer: en esta causa, la Senabico toma la administración de una empresa llamada Chai S.A., que tiene a su cargo ocho establecimiento ganaderos que están a nombre de Chai. En este caso, lo que hizo la firma (de Messer) es tercerizar la administración por una empresa que se encarga de la administración agropecuaria. Entonces, lo que ellos hacen es contratarle a la empresa y decirle: ‘Nosotros te vamos a pagar honorarios y de Chai van a salir todos los costos operativos de lo que cuesta mantener en sí estas estancias a manera productiva con 12.800 cabezas de ganado distribuidas en diferentes haciendas’ y que ellos van pasando los reportes administrativos”, explica la titular de Senabico.

Funcionarios de Senabico, por ejemplo, la semana pasada fueron a pagar a peones de estancia de Chai, pese a que Messer sigue prófugo de la justicia, aunque sus propiedades están incautadas.

“Nosotros lo que estamos haciendo ahora es chequear esos números y ver qué tan productiva son esas empresas, cuál es el patrimonio en sí de lo que son esas empresas y hacer un corte administrativo y una auditoría. Aparentemente, hasta ahora, no me quiero adelantar, son empresas rentables. Hay unos 60 empleados que están trabajando con un contrato lícito a quienes se les está pagando su sueldo. Está funcionando aparentemente bien. Si nosotros llegamos a detectar que la empresa es una empresa cortina, que no funciona específicamente y que no cierran los números, automáticamente eso nosotros informamos a la Fiscalía”, explicó.

“En caso de un establecimiento, un hotel, que se inflen los números, tenés la posibilidad de inyectar para intentar de rever eso, o si el Estado va a empezar a trabajar a pérdida de por ahí se puede liquidar, según lo que estipula el Código Laboral, se indemniza a toda la gente que trabajaba ahí”, indicó, en el otro caso, de que efectivamente sean netamente empresas lavadoras de dinero.

UNA ESPECIE DE BLINDAJE
Con esta administración provisoria, el Estado logra -por una parte- evitar que las empresas sigan financiando estructuras criminales, pero también evitar una demanda posterior, en el caso de que los acusados salgan inocentes.

De hecho, nuestras leyes nacionales son un tanto más complacientes con las personas sospechosas de delitos. En otros países, quien no puede explicar el origen de un bien como lícito, éste le es comisado, y no solo en casos de narcotráfico o lavado, sino incluso por corrupción. Es por eso que la llamada ley de “extinción de dominio” fue planteada en el Congreso, pero quedó durmiendo ahí.

“En Paraguay no tenemos la ley de extinción de dominio, pero tenemos la ley de comiso autónomo en la parte general del Código Penal, pero nunca se reglamentó el proceso. En 2012 se reglamentó parcialmente, pero tenemos lagunas. Hay que llenar las lagunas o impulsar la ley de extinción de dominio”, comenta Gómez como alternativa para proceder de manera más expeditiva contra bienes dudosos.

De hecho, la figura de comiso autónomo se podría aplicar, pero dependería de un acuerdo con la Corte para que indique a los jueces de la validez de esa herramienta jurídica y sería como hacer un proceso aparte al encausado.

“En la jerga jurídica (el comiso autónomo) se le llama ‘in rem’. Lo que se hace es ver si el bien tiene un origen lícito; si no tiene un origen lícito y hay una forma de demostrar a través de ese juicio que proviene de actos irregulares de esta persona que fue extraditada (por ejemplo caso Farhat), ahí se saca la sentencia de comiso. No hay experiencia en nuestro país”, explicó.

Para los bienes de los que no se tienen datos existe también una alternativa para tratar de ser aprovechados en el caso de que estén en depósitos fiscales o policiales. “Hay una figura nueva que trae esta nueva ley que se llama el bien abandonado, donde podemos pedir después de tres meses de la incautación o cuando la persona ya no está o nadie reclama, nosotros pedimos al juez que declare en abandono”, comentó sobre otra alternativa para disponer bienes incautados. Admitida esa acción y publicada, pasado un tiempo, si nadie vuelve a reclamar, el bien pasa a ser administrado por Senabico.

AVIONETAS, ENTRE LAS MÁS COMPLICADAS
Normalmente, las avionetas son una de las formas más utilizadas para traficar droga en nuestro país, por el casi nulo control del espacio aéreo. Estas aeronaves, al ser incautadas, se convierten en los bienes más difíciles de mantener, por lo que implica mantenerlas.

El de las avionetas “es un caso bastante sui generis, porque no tiene matrícula ni horas de vuelo y hoy lo depositamos en la Fuerza Aérea, porque ellos tienen la forma de mantener”, explica la ministra.

Para estos casos existe una alternativa, que es la venta anticipada. Se busca un acuerdo con el propietario para venderlas y el dinero se deposita en una cuenta, así las aeronaves no se deterioran con el tiempo. En el caso de que el acusado sea inocente, se le devuelve el importe de la venta, aunque normalmente solo se pueden ofertar como repuestos.

También, una vez comisadas, “nosotros tenemos la potestad de ver si donamos, para que esté ese avión a disposición de la Secretaría de Emergencia Nacional o convertirlo a un avión ambulancia, o para el Ministerio Público, porque un avión sin horas de vuelo es muy difícil de vender”, detalló finalmente.
abc

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Fiscalía niega “rapiña” en la quinta Nápoles

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La fiscal Lorena Ledesma aseguró que no hubo irregularidades en el manejo de los bienes incautados del detenido Reinaldo “Cucho” Cabaña, quien denunció a siete agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) por “rapiña” ante la Fiscalía.

Tras la denuncia de Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho, por robo y quebrantamiento del depósito de sus bienes contra agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la agente fiscal, Lorena Ledesma, a cargo de la investigación del caso, informó a través de un comunicado que “no hubo irregularidades en el manejo de lo incautado de las viviendas allanadas” en el Operativo Berilo y negó los delitos denunciados por el presunto narcotraficante.

Asimismo, Ledesma manifestó que el conteo de dinero se realizó en “público y bajo acta”, respondiendo al texto de la denuncia de “Cucho” que tras los allanamientos realizados los intervinientes del caso se apropiaron de dinero y otros objetos que debían ser incautados.

“En todos los allanamientos que se realizaron en conjunto con la Senad se tomaron las medidas necesarias y los bienes fueron correctamente custodiados”, dice la agente fiscal en el comunicado del Ministerio Público.

De esta forma, la Fiscalía niega la “rapiña”, a pesar de que existe un informe de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) que expresa que “desaparecieron” diversos bienes que pertenecen a la Quinta Nápoles, propiedad de Cabaña.

Ledesma además aseguró que el dinero fue depositado en dólares como evidencia en una cuenta del Banco Nacional de Fomento (BNF), administrada por la Senabico que además guarda bajo su disposición los bienes de Cabaña.

Cucho amenazó con hablar de continuar la situación mientras que el ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, y ahora el Ministerio Público niegan la “rapiña” denunciada. abc

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Narcotráfico

“Campaña de desprestigio”

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Esta mañana el abogado de Cucho, Pedro Wilson Marinoni, amplió la denuncia en la cual involucran al agente especial y jefe del Departamento Técnico de la Senad, Alejandro Rodríguez, además de los agentes Mauro Ruiz Díaz, Juan Barrios, Luis López, Alicia Vázquez, José Nizza y Nelson Rojas en el supuesto robo de sus pertenencias.

Arnaldo Giuzzio, ministro de la Senad, habló al respecto en comunicación con ABC Cardinal. “No me sorprende viniendo del abogado Marinoni, en realidad tiene que defenderse en juicio, van a testificar en su momento (…) que busque embarrar la cancha como se dice con argumentos que no tienen fundamentos”, expresó.

Los agentes del ‘Operativo Berilo’ irán a juicio si es necesario, pero es una denuncia completamente falsa, que demuestre su veracidad y con que elementos cuenta para comprobar una supuesta sustracción”, agregó.

En ese contexto, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) emitió un comunicado en el cual desmienten estas acusaciones. “Creemos que dichas acciones obedecen a una campaña de desprestigio hacia esta institución, para lo cual existiría una poderosa estructura movida por intereses económicos”, afirma.

Aseguran desde esta entidad que seguirán los eslabones que componen “esta campaña tendenciosa”. Explican que desde el inicio el operativo Berilo, en el cual se allanaron propiedades del hoy detenido, además de la incautación de bienes, siempre se llevaron a cabo con la presencia de representantes del Ministerio Público.

Además en el comunicado la Senad sostiene que antes del allanamiento en la quinta Nápoles aparentemente hubo una alerta en la presunta organización narco, por lo que antes de la llegada de los encargados del operativo fueron arrancados varios electrodomésticos del lugar, el sistema de circuito cerrado y otros elementos.

“Esto quedó corroborado al momento de la llegada de la comitiva, encabezada por la fiscal Lorena Ledesma, quien en el acta de procedimiento hizo constar que las puertas estaban violentadas y que los mencionados elementos ya habían sido arrancados de los mencionados soportes”, subraya.

Entretanto la Senad se pone a disposición del Ministerio Público y en el comunicado dicen estar abiertos a revisar toda la documentación que compete a los allanamientos. ABC

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Narcotráfico

Tras operativo de búsqueda de miembros del PCC, falleció uno de los prófugos e incautan 574 kilos de marihuana picada

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Este martes, fue llevado a cabo un operativo de búsqueda y seguimiento realizado por la Unidad Especializada de Crimen Organizado, con la Policía Nacional, intervinieron los agentes fiscales Hugo Volpe y José Morinigo.

El procedimiento fue realizado en el marco de búsqueda y seguimiento de Reinaldo Araújo y Thiago Ximenez. Ambos sujetos son miembros del Primer Comando Capital (PCC), que se habían fugado el año pasado de la Agrupación Especializada.

Tras la fuga, la Policía Nacional se abocó a trabajos investigativos e inteligencia, y en la fecha se llegó a un campamento donde se procedía al prensado de marihuana, en el que estaban estas dos personas mencionadas que, ante la presencia del grupo policial, los delincuentes enfrentaron a tiros, lo cual derivó en el fallecimiento de Reinaldo Araújo, mientras que Ximenes se dio a la fuga y está siendo buscado por efectivos policiales.

Los agentes fiscales intervinientes se dirigieron al lugar donde cayó abatido Araújo, en un campamento hallado en Villa Ygatimi, Canindeyú. Acompañó a la comitiva fiscal un equipo de Criminalística para levantar evidencias del sitio. Posteriormente se constituyó el médico forense para el examen corporal de rigor y levantamiento del cuerpo que fue trasladado a la morgue.

Asimismo, en el campamento se hallaron 574 kilos de marihuana picada, 3 prensas y 7 gatos hidráulicos. Antes de finalizado el procedimiento se procedió a la incineración de los 574 kilos de marihuana conforme al mandamiento de allanamiento otorgado por la jueza penal de garantias Lici Sánchez.

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